Nos permitimos recordarle las principales LINEAS DE
FINANCIACIÓN 2014 que el ICO y las entidades de crédito han puesto en
marcha para AUTÓNOMOS Y EMPRESAS.

La línea ICO Empresas
y Emprendedores 2014 destinada a los autónomos y empresas que
realicen inversiones productivas en España y/o necesiten cubrir
necesidades de liquidez con independencia de su domicilio social o fiscal y de
si la mayor parte de su capital es español o extranjero.

En los proyectos de INVERSIÓN se consideran financiables: los activos fijos productivos nuevos o de segunda mano, los
vehículos turismo cuyo precio no supere los 30.000 € más IVA, los vehículos
industriales podrán financiarse en un 100%, la adquisición de empresas, el IVA/IGIC,
la liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida. El importe
máximo del préstamo es de 10 millones de €, en una o varias operaciones por
cliente y año.

También pueden solicitar
financiación a través de esta línea, los PARTICULARES, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS y LAS AGRUPACIONES
DE COMUNIDADES de propietarios para la rehabilitación
de vivienda y edificios o reforma de sus elementos comunes.

En los proyectos sin
inversión, los préstamos para
financiar al 100% las necesidades de LIQUIDEZ se
destinan a afrontar los gastos de
circulante tales como  gastos corrientes,
nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.

Las operaciones que
cuenten con el aval de una SGR o SAECA deberán ser tramitadas a través de la Línea
ICO Garantía SGR/SAECA 2014.

La línea ICO Internacionalización
2014 orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente
español que realicen inversiones productivas fuera del territorio nacional, incluida la adquisición de empresas,
y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

La línea ICO
Exportadores CORTO
PLAZO 2014 destinada
a autónomos y empresas españolas que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las
facturas derivadas de la venta
en firme de bienes y servicios realizadas a un deudor ubicado
fuera del territorio nacional. Se podrán anticipar las
facturas que procedan de la actividad exportadora, que tengan una fecha de
vencimiento no superior a 180 días a contar desde la fecha de la firma de la
operación.

La línea ICO Exportadores MEDIO Y LARGO PLAZO 2013/2014 destinada a financiar a las
empresas españolas para la venta de bienes o servicios, nuevo o de
segunda mano, con aplazamiento de pago a empresas con domicilio
social fuera de España (Crédito Suministrador), y a financiar a empresas con domicilio social fuera de España, para la adquisición de bienes o servicios
exportados por empresas con domicilio social en España (Crédito
Comprador).

La nueva
línea ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015  destinada a las empresas que hayan sido valoradas como “innovadoras” para
financiar inversiones productivas dentro del territorio nacional.

La línea ICO Pagarés y Bonos de Empresas
2014, orientada a empresas españolas
que emitan en el mercado primario pagarés y bonos admitidos a cotización en
mercados organizados o en sistemas multilaterales de negociación en España. Quedan excluidas las empresas
del Ibex 35 y sociedades del grupo.

Para ampliar
información sobre alguna/as de las líneas puede consultar con los bancos y cajas, que tienen suscrito convenio de
colaboración con el ICO.

Atentamente, 

Orden de 25 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo autónomo de jóvenes menores de 30 años en la Región de Murcia

LÍNEA DE INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS ANDALUZAS

El pasado 27 de enero el BOJA publicó la Orden de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de 18 de enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de un nuevo Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013.

La finalidad de esta línea de incentivos es la creación y la modernización de empresas, la cooperación competitiva entre las mismas y la investigación, desarrollo e innovación empresarial, así como la concesión de incentivos a pequeñas empresas de innovación de reciente creación, para la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) o para los servicios de asesoramiento en innovación (Cheque Innovación).

Sus destinatarios son las empresas del sector industrial y servicios de apoyo a la industria que lleven a cabo proyectos o actuaciones empresariales que tengan por finalidad la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y que contribuyan a la generación de actividad, así como a la creación y/o al mantenimiento de empleos estables.

Los proyectos incentivables deberán encuadrase en las siguientes líneas o programas singulares:

La creación de empresas.

-Proyectos de Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora.

-Proyectos de innovación.

-Proyectos que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación.

-Proyectos de emprendedores.

-Proyectos de desarrollo empresarial.

-Proyectos de servicios avanzados.

-Provisión de espacios productivos, del conocimiento y de servicios a las empresas.

La modernización de empresas.

-Proyectos de Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora.

-Proyectos de innovación.

-Proyectos que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación.

-Proyectos de desarrollo empresarial.

-Proyectos de servicios avanzados.

-Provisión de espacios productivos, del conocimiento y de servicios a las empresas.

La cooperación competitiva de las empresas.

-Proyectos que recojan fases previas de proyectos de cooperación.

-Proyectos para la mejora de la posición competitiva.

-Proyectos para la adquisición e implantación

conjunta de tecnologías de la información y la

comunicación.

-Proyectos de desarrollo de agrupaciones (clúster)

innovadoras.

d) La investigación, desarrollo e innovación

(I+D+i).

-Proyectos para la generación de nuevo

conocimiento.

-Proyectos de aplicación del conocimiento existente.

-Estudios de viabilidad técnica previos a los proyectos de I+D+I.

-Incentivos a la estancia de personal altamente cualificado en régimen de comisión de servicios.

Se incentivarán también, en el marco de la presente Orden, los proyectos susceptibles de incluirse en los programas singulares de Incentivos para Pequeñas Empresas de Innovación de reciente creación; de apoyo a la innovación de pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa); y de incentivos para los servicios de asesoramiento en innovación (Cheque Innovación).

Podrán solicitar estos incentivos:

a) Las empresas y entidades −especialmente las PYMES− que tengan establecimiento operativo en Andalucía,

b) Las empresas que vayan a crearse, implantarse o proveerse de un establecimiento

operativo en Andalucía con el proyecto presentado.

c) Las asociaciones de empresas y las fundaciones que realicen por sí mismas actividades económicas y que sus fines o beneficiarios tengan relación con el ámbito empresarial.

d) Las agrupaciones (clusters) innovadoras.

e) Las agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas, que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos que motivan la concesión de estos incentivos.

La intensidad máxima de los incentivos asciende al 50% para las pequeñas empresas y al 40% para las medianas, siendo muy variable en función de su modalidad (llegando al 75% e incluso al 100% en algunas de ellas). El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio de 2013.

Ante el importante número de consultas que llegan a nuestro departamento jurídico en relación con el pago, por parte del FOGASA del 40 por 100 de la indemnización legal en los despidos por causas objetivas, explicamos cómo funciona dicho pago directo, porque muchas empresas, e incluso muchos de sus asesores, saben que existe dicha posibilidad, pero casi nadie sabe cómo se lleva a la práctica.

Para regular el procedimiento de pago, el FOGASA dictó la Resolución de 3 de Junio de 2011, en la que regula su actuación en los casos de extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en las empresas de menos de 25 trabajadores.

Y es que el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores señala que “En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el FOGASA abonará el 40 por 100 de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 de esta Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52, o conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”

Por su parte, la Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, establece que el FOGASA abonará a las empresas una parte de la indemnización devengada como consecuencia de la extinción de los contratos indefinidos celebrados a partir del 18 de Junio de 2010 por las causas previstas en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los Trabajadores y 64 de la Ley concursal, estableciéndose expresamente que el abono del 40% de la indemnización legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con anterioridad al 18 de Junio de 2010, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, y según señala el FOGASA en su resolución, la prestación del 40% no será de aplicación a los contratos indefinidos suscritos con posterioridad al 18 de Junio de 2010, toda vez, que respecto de los mismos, el FOGASA asume las prestaciones contenidas en la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, es decir, el pago de 8 días de salario por año de servicio de la indemnización por la extinción de los contratos laborales por causas objetivas.

En definitiva, El FOGASA abonará el importe correspondiente al 40 por 100 de la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en empresas de menos de 25 trabajadores, para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con anterioridad al 18 de Junio de 2010. El importe de este abono se calculará, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el artículo 33.2.

El procedimiento de solicitud de prestaciones al FOGASA se iniciará a instancia del trabajador, o bien a instancia de la empresa o la administración concursal cuando se haya abonado al trabajador previamente el 100% de la indemnización prevista en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.

La solicitud se presentará en la Unidad Administrativa del FOGASA competente para la instrucción del expediente, que corresponderá a la de la provincia donde se ubique el centro de trabajo, salvo que la empresa esté sometida a un procedimiento concursal, en cuyo caso la unidad instructora será la correspondiente a la sede social de la empresa o el domicilio del empresario individual.

A la solicitud se deberán acompañar, los siguientes documentos:

– Documento que acredite la personalidad del solicitante o de aquel que acredite la representación (DNI, NIE o documento equivalente). Si el interesado actúa mediante representante, deberá aportar documento que acredite su identidad y el documento por el que se acredite la representación (poder notarial, documento privado con firma legitimada…), o mediante declaración en comparecencia personal ante funcionario público.

– En caso de tratarse de una persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica, escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica o entidad de que se trate, además de la documentación justificativa de la capacidad para actuar en su nombre del representante. Para poder percibir las prestaciones a través del representante, deberá constar claramente en el documento de representación, la facultad del mismo para poder cobrar del FOGASA.

– Carta de despido o comunicación por escrito al trabajador por la que se procede a su despido y donde necesariamente debe figurar la identidad del trabajador, el salario que haya servido para el cálculo de la indemnización a cargo de la empresa y la fecha de efectos del despido.

– Cuando la solicitud la efectúe el trabajador deberá aportarse o la declaración personal del trabajador, manifestando expresamente y bajo su responsabilidad que no ha interpuesto reclamación frente a la decisión extintiva del empresario o, en caso de haberlo impugnado, copia testimoniada de la resolución firme que acredite la terminación del proceso administrativo o judicial seguido frente a dicha extinción, confirmando la procedencia del despido objetivo.

– Cuando la solicitud la realice la empresa o la administración concursal, por haber abonado el 100% de la indemnización al trabajador, deberá aportarse el documento que acredite que el trabajador ha percibido el 100% de la indemnización recogida en la letra b) del citado artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores, calculada a razón de veinte días por año de servicio, prorrateando los periodos inferiores por meses completos y el documento bancario o contable que acredite la transferencia o el cargo realizado.

– Resolución de ERE o Auto del Juzgado Mercantil. Cuando se trate de un despido colectivo conforme a los artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores o 64 de la Ley 22/2003, Concursal, se aportará la Resolución de la autoridad laboral que autorice la extinción de los contratos o el Auto dictado por el Juez de lo Mercantil referida a esa extinción colectiva. En ambos casos con diligencia de firmeza.

Si la solicitud se formula por los trabajadores y no aparece suscrita también por la empresa y, en su caso, por el órgano competente del concurso, el FOGASA dará traslado de la misma, dentro del plazo máximo de diez días, a la empresa y al juzgado donde se tramite el procedimiento concursal, a fin de que manifiesten lo procedente. A la inversa se dará traslado al trabajador cuando el solicitante sea la empresa o la administración concursal.

Transcurridos diez días sin recibirse contestación, se presumirá su conformidad con el contenido íntegro de la solicitud, continuándose la instrucción del expediente.

El FOGASA recabará de la TGSS, las fechas de alta y baja del trabajador en la empresa, así como sus bases de cotización a la Seguridad Social. Asimismo, podrá recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información necesaria a fin de contrastar los datos referidos a la retribución de los trabajadores.

De existir discrepancias entre los datos extraídos de la TGSS y los que figuran en la carta de despido, se conferirá un trámite de audiencia a los interesados, por diez días, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, salvo que el interesado al formular la solicitud, o en un momento posterior, haya acreditado documentalmente los motivos de la discrepancia con los datos de la TGSS a través de sentencia firme, acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, nomina/s o documento similar que recoja el salario diario del trabajador, y las fechas de alta y baja en la empresa. De no admitirse las alegaciones efectuadas, o de no aportarse documentación justificativa suficiente, se resolverá el expediente administrativo en virtud de los datos obtenidos de la información obrante en poder de la Administración.

En ningún caso podrá reconocerse a favor de la empresa una indemnización por importe diario superior al utilizado por esta en el cálculo de la indemnización abonada al trabajador despedido. De producirse la indebida percepción de este tipo de prestaciones, el FOGASA reclamará administrativamente su devolución, y, en caso de no efectuarse su el reintegro, ejercerá las oportunas acciones judiciales.

Departamento Jurídico de RCR.

Este Comentario es una cortesía del Programa ASESOR LABORAL y de la página web Supercontable.com

«Las ayudas al alquiler para los desalojados por el terremoto de Lorca tienen los siguientes límites:

– Cuantía máxima de 74,13 euros por metro cuadrado de alquiler al año de la vivienda.

– Sin superar los 6.671,70 euros al año.

Esta cifra máxima de 6.671,70 euros sería la renta de una vivienda de 90 m² con el precio señalado por metro cuadrado de 74,13 euros, que daría una renta mensual de 555,97 euros.

Desde la Asociación recomendamos a todas las empresas que limiten la renta a percibir por el alquiler de sus viviendas a los afectados por el terremoto de Lorca a estos máximos, para demostrar nuestra solidaridad con aquellas personas que, o bien han perdido sus casas o están en tan mal estado que su reparación exige su desalojo, y que en muchas ocasiones, además, tienen un préstamo hipotecario sobre esa vivienda destruida al que tienen que seguir haciendo frente.

Esto nos ayudará a salir al paso de las noticias aparecidas en prensa que publican que los promotores están aprovechando el desastre de Lorca para subir las rentas de sus alquileres, cuando en la mayoría de las ocasiones se trata de propietarios particulares los que están llevando a cabo esta práctica.»

El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y consideración de Agencia Financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propia, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

pdf gracias a Hispacolex

Recordamos a nuestros clientes que permanecen abiertas, para Murcia, las subvenciones para fomentar el establecimiento de trabajadores autónomos, por lo que si estas pensando en darte de alta y cumples con los requisitos, es buen momento para solicitarlas. 

Programa de subvenciones para fomentar el establecimiento de trabajadores autónomos

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha avanzado que la ayuda de «entorno a 400 euros» para parados de larga duración, que sustituirá a la de 426 euros, estará destinada únicamente a aquellos que tengan cargas familiares, y exigirá el desarrollo de programas formativos.

En declaraciones a RNE, Gómez explicó que la reforma de las políticas activas de empleo, pendiente de acuerdo con los agentes sociales, persigue que los parados accedan a itinerarios de formación y que, además, «cuando tengan necesidades familiares, tendrán ayuda económica».

Las cargas familiares no se incluían entre las condiciones para recibir la ayuda de los 426 euros, por lo que Gómez indicó que «éste es el cambio en la configuración del programa».

La vigencia de la ayuda de 426 euros finaliza el próximo 15 de febrero, con lo que el Gobierno estudia tener la nueva prestación lista para entonces. El ministro de Trabajo ya avanzó tras el Consejo de Ministros del viernes que su entrada en vigor se produciría «en semanas».

Otra de la reformas pendientes es la de la negociación colectiva. Al respecto, el titular de Trabajo insistió en que es preferible que sea fruto del pacto entre los agentes sociales, aunque dijo que el Gobierno está dispuesto a hacerlo por ellos.

Así, avanzó que su intención es que se limiten los ámbitos de negociación colectiva a los convenios sectoriales, en su mayoría de carácter nacional, y a los empresa. «No debería haber demasiados ámbitos intermedios», apuntó, en referencia a los convenios provinciales.

Además, consideró necesario predeterminar por convenio o de otra manera un sistema de arbitraje, como el que se ha desarrollado en el caso del convenio colectivo de los controladores aéreos, para cuando venza un convenio y pasen «años, no semanas», sin que las partes se pongan de acuerdo.

De esta forma se daría una solución a la actual ultraactividad de los convenios, que los empresarios quieren eliminar y que constituye el principal escollo en las negociaciones con los sindicatos.

«Debe existir una forma sencilla y rápida de que si no se ponen de acuerdo en años y no en semanas haya mecanismos de arbitraje previstos», explicó.

Gómez defendió la labor del Gobierno en la lucha contra la crisis a corto plazo, pero levantó la vista para señalar que cree que la economía crecerá a tasas suficientes para poder reducir el desempleo «ostensiblemente» en un plazo de dos años y que entonces se podrán recoger los frutos de las últimas reformas.

Así, admitió, sin dar más detalles, que «enero es un mes malo siempre» para el desempleo y que no cabe esperar una mejora inmediata en este sentido. Sin embargo, confió en que las medidas implementadas en el mercado laboral y la consecución de la reforma del sistema financiero permitan que se pueda expandir el crédito «después del verano» y con él la actividad y el empleo.

Por último, Gómez reiteró que la voluntad del Gobierno es sumar a todas las fuerzas políticas, incluido el PP, a un gran pacto anticrisis que, según dijo, está llamado a ser el más relevante tras los Pactos de la Moncloa.

«Creo que la política económica y laboral lleva tiempo esperando la incorporación del PP y si ahora quiere hacerlo, tiene un sitio», sentenció.

eleconomista.es