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El contrato de 33 días a todos los parados

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La reforma laboral comienza a salir de la ambigüedad que la ha caracterizado desde que empezó a negociarse. El Gobierno pretende extender prácticamente a todos los parados el contrato indefinido con despido más barato que ahora se aplica a colectivos de difícil inserción laboral. Con la idea de incentivar al empresario a que realice contratos estables, el Ejecutivo propondrá a los agentes sociales eliminar las trabas que ahora existen a esa modalidad, con la idea de que para cualquier desempleado (puede establecerse el requisito de que lleve uno o dos meses registrado) acceda a él.

Según fuentes cercanas a la negociación, los 33 días se aplicarían también a las conversiones de contratos temporales en fijos, el 40% de los indefinidos firmados cada mes. Eso implica generalizar el llamado contrato de fomento del empleo.

La principal promesa del Ejecutivo a los trabajadores desde que estalló la crisis ha sido no abaratar el despido. Formalmente este marco permite mantenerla, pues el contrato ordinario, con indemnización de 45 días por año trabajado, no desaparece. El contrato de 33 días se puede aplicar ahora a jóvenes hasta 30 años, mujeres en sectores con menor representación femenina, parados que lleven más de seis meses inscritos, mayores de 45 años, discapacitados y trabajadores con cargas familiares. Aunque el espectro es amplísimo, al final sólo un 15% de los indefinidos son de este tipo.

Para implantar esa novedad se barajan dos fórmulas: volver a fijar un periodo de tiempo en el que se pueda transformar automáticamente un contrato temporal en uno indefinido barato o convertir en perpetua esa posibilidad. La primera opción es más probable, pues anima las conversiones durante un tiempo, como se espera ocurra con la adquisición de vivienda ante la desaparición de la deducción para nuevas compras. El riesgo es que este señuelo multiplique la contratación temporal inicial para puestos estables, pues cualquier conversión puede acogerse a las condiciones ventajosas.

Los negociadores del Ministerio de Trabajo pretenden lanzar esa idea en la reunión que hoy celebran con sindicatos y patronal. El orden del día es la dualidad entre fijos y temporales que caracteriza al mercado laboral, aunque la falta de concreción que ha reinado en encuentros anteriores siembra dudas sobre si finalmente lo plantearán con ese nivel de detalle.

El modelo no gustará a los sindicatos, que desde el primer momento insisten en que las disfunciones del mercado no obedecen a los costes, ni de contratación ni de despido. El propio líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha abogado recientemente por la desaparición del contrato de 33 días.

Con la propuesta de extensión, el Gobierno asume que los costes de despido retraen al empresario a la hora de contratar y que, por tanto, rebajarlos animará el mercado. Para acabar con la excesiva temporalidad (afecta a un 25% de los asalariados, aunque antes de la crisis llegaba a uno de cada tres) UGT y CC OO proponen penalizarla de algún modo, reducir el encadenamiento máximo de contratos (ahora 24 meses) y vigilar más estrictamente el cumplimiento de la ley.

La patronal estará previsiblemente a favor, aunque juzgará insuficiente la medida, pues apuesta por un contrato único indefinido, con despido inferior a 33 días, en la línea que proponen los economistas del Grupo de los 100 o el Banco de España.

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