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Nueve meses después de la aprobación del código de buenas prácticas tributarias, las empresas comienzan a elevar a público sus quejas sobre la —afirman— falta de permeabilidad de los inspectores a la filosofía de cooperación y confianza mutua que inspira el documento suscrito por la Agencia Tributaria y 27 grandes grupos en julio de 2010, que es extensible a todas aquellas firmas, con independencia del tamaño, que quieran adherirse. Hacienda reconoce a medias el problema. Aunque sostiene que los eventuales excesos de la inspección son residuales, sí asume que aún está por pulir ese «cambio de mentalidad» que la propia Agencia prometió cuando puso en marcha el código. Si el planteamiento es que en la Agencia Tributaria hay que realizar una «labor pedagógica para que el código cale» entre la inspección, «la respuesta es sí», reconocía ayer el subdirector general de Tributos, Antonio Montero, durante su participación en unas jornadas organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial.
Máximo Suchowolski (diarionegocio.es)
El ‘número dos’ de Tributos, que participó en el grupo de trabajo creado en la Agencia para la elaboración del código, asegura que los funcionarios están «interiorizando» ya las directrices del manual de buenas prácticas, incluso en sus relaciones con empresas que no lo han firmado aún. Sin embargo, advirtió también, «el código no es una norma jurídica, sino una declaración de intenciones» supeditada a las leyes, que exige el «compromiso» de ambas partes, empresa y administración. Ese pacto de buen entendimiento, apostilló Montero, «no es un contrato entre iguales».
Los representantes de empresas que participaban como oyentes en las jornadas aceptaron el mensaje, pero pusieron sus pegas, basadas en la experiencia del día a día. En ocasiones, señalaba ayer una de las asistentes, «el inspector está de acuerdo con la empresa en la interpretación del caso, pero actúa en sentido contrario en previsión de que su superior vaya a forzarle a cambiar de criterio».
¿Qué pasa en Barcelona?
A ninguno de los asistentes a las jornadas de ayer pareció sorprenderle la claridad con la que algunos asesores señalaban con el dedo acusador a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Barcelona, que va cobrando fama de agresiva con las empresas. Un asesor fiscal comentaba —supuestamente con conocimiento de causa—, que en la ciudad condal y, para más señas, en el sector de alimentación y bebidas, algunas compañías se están llegando a plantear un cambio de domicilio social a otra comunidad autónoma para refugiarse de ciertas actas de inspección que consideran dignas de todo un francotirador tributario.
También sucede, según el relato de otro asesor fiscal, que el inspector «ni siquiera te da la opción de discutir técnicamente el caso», o que el funcionario se niegue a mantener una reunión previa al levantamiento del acta en la que, «se podría haber aclarado la situación». En tales casos, varias empresas se quejaron de tener que solicitar avales, en plena crisis crediticia, para poder iniciar una batalla para la defensa de sus tesis ante Hacienda, y acabar ganándola.
Saliendo en auxilio de la labor de sus compañeros, el secretario de la asociación de inspectores, Francisco de la Torre, quiso subrayar en las jornadas que los casos que apuntaban los asistentes son «aislados», y que las propias empresas reconocían que, al final, las actas que no estaban bien argumentadas, «se habían parado».
Más allá de situaciones concretas de alto voltaje, lo cierto es que el escepticismo sigue marcando la opinión de las grandes empresas sobre el esperado cambio de actitud de la inspección a partir de la puesta en marcha del código de buenas prácticas. «En realidad, la Agencia Tributaria está funcionando más o menos igual: las inspecciones duras siguen siendo duras, y las normales lo siguen siendo también», apunta el responsable del área fiscal de una gran empresa del Ibex que se ha sumado ya al código. «En mi caso sí puedo hablar de una mejoría, pero en general las empresas firmantes no están notando cambio alguno», añade.
Los que están y los que no
Hoy por hoy, posiblemente el gran agujero con el que sigue contando el código de buenas prácticas es el de su escaso número de miembros. Actualmente son 30 las empresas adheridas al código —algo menos, si se tiene en cuenta que en la lista figura Banesto, del Grupo Santander, que aparece Iberdrola Renovables (en fase de absorción por la matriz), o que Ernst & Young queda recogida por triplicado—.
De ese total, 20 son compañías que participaron en la elaboración del documento, pero aún faltan por adherirse otras siete que también se pueden considerar como empresas fundadoras del código: La Caixa, BBVA y Caja Madrid —que podrían haberse retrasado a la espera del cierre de la reestructuración del sistema financiero—, y también Mercadona, Iberia, Vodafone y Norfin Holder. Sin contar sociedades participadas por otras que sí están adscritas, apenas la mitad del Ibex ha asumido ya las directrices del manual de buena conducta tributaria.
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