El Gobierno prohíbe a los profesionales el pago en efectivo de más de 2.500 euros
Los técnicos de Hacienda afirman que apenas evitará el fraude y la medida no afecta a particulares
Los técnicos de Hacienda afirman que apenas evitará el fraude y la medida no afecta a particulares
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA
El Gobierno sorprendió ayer con una medida de calado en su plan de lucha contra contra el fraude fiscal y la economía sumergida al anunciar que prohibirá a los profesionales (empresarios y autónomos) el pago en efectivo de más de 2.500 en euros, una propuesta cuestionada a las pocas de su anuncio por parte del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. El incumplimiento de esta norma supondrá multas del 25 % de la cuantía del pago. Al prohibir los pagos en metálico, es previsible que aumenten los pagos por transferencias bancarias y tarjetas de crédito, los que aumentará las comisiones del sector.
Según un informe presentado ayer por los técnicos de Hacienda (Gestha), la limitación de los pagos en efectivo «es un primer paso» pero se quedará corto en su objetivo de reducir la economía sumergida, ya que la multa máxima desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales. En este sentido, el colectivo teme que la medida resulte poco eficaz para terminar con las bolsas de fraude que habitualmente utilizan billetes de 500 euros -el instrumento idóneo para saldar operaciones al margen del Fisco- como son las tramas de facturas falsas y el vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales.
Sin embargo, generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30 % del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe muy superior al del 25 % que deberían afrontar como máximo en caso de ser «pescados» por Hacienda. El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, destacó ayer que «el límite anunciado es muy similar a la que aplica Francia, a quienes duplicamos en materia de economía sumergida, mientras que por el contrario países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, han optado por fijar el tope en los mil euros». Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, calificó de «acertada» la decisión del Gobierno, pero reclamó que este tope se extienda también a los particulares.
